Mantener tarifas eléctricas estables es visto como señal irresponsable desde lo político

El aumento en las cuentas de electricidad que comenzarán a experimentar los hogares a partir de julio, tras años de tarifas congeladas, ha generado un caos político inusual y preocupante, especialmente dentro del oficialismo. Parlamentarios del Partido Comunista, junto con algunas voces del Socialismo Democrático y la oposición, han criticado al gobierno por no haber anticipado adecuadamente los efectos de estas alzas. La presidenta de la Cámara de Diputados, militante del PC, fue particularmente crítica hacia el ministro de Energía, reprochándole por no haber proporcionado datos precisos durante la tramitación de la ley de estabilización aprobada en abril pasado, crítica compartida por otros legisladores.

Es irónico que una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso ahora sea cuestionada por los parlamentarios que la respaldaron hace solo unos meses. La norma de estabilización se diseñó para prever el impacto en las tarifas eléctricas, aunque los detalles exactos no estaban completamente claros entonces, se sabía que los aumentos serían significativos. Para mitigar estos efectos, el Congreso y el Ejecutivo establecieron un subsidio de US$ 120 millones dirigido a más de un millón de hogares vulnerables, y crearon una mesa técnica para explorar formas de ampliar este subsidio a los sectores medios, que ya está en funcionamiento con un plazo de cuatro meses para presentar recomendaciones.

Es oportunista culpar ahora al gobierno por supuestos errores en la proyección de impacto, criticar la magnitud del subsidio y expresar sorpresa ante los efectos en las cuentas de los hogares, además de reflejar una falta de honestidad intelectual considerable.

Durante el debate parlamentario, hubo consenso sobre la insostenibilidad de la deuda acumulada con las generadoras debido al congelamiento de tarifas, que supera los US$ 6 mil millones y sigue creciendo. Continuar con tarifas que no reflejen el costo real de la energía representa riesgos significativos para el país. Si bien las circunstancias excepcionales del estallido social y la pandemia justificaron medidas temporales, prolongar el congelamiento de precios ha tenido costos más altos para la sociedad.

Es profundamente irresponsable que algunos parlamentarios estén proponiendo medidas como renegociar contratos, aplicar impuestos especiales a las generadoras o eximir del IVA a las cuentas de energía, en lugar de seguir el camino de normalizar las tarifas y buscar soluciones dentro de un marco de responsabilidad fiscal y políticas públicas que no distorsionen los precios.

En este contexto de agitación y populismo, ha sido esclarecedor que el Presidente de la República haya rechazado la idea de volver a congelar las tarifas eléctricas y haya enfatizado la necesidad de saldar la deuda pendiente con las compañías eléctricas. Subrayó que "la experiencia que he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara", comprometiéndose a buscar una ampliación de los subsidios dentro del marco establecido por la mesa técnica. Este respaldo refuerza la labor del ministro de Hacienda, quien ha demostrado firmeza en mantener la disciplina fiscal y resistir las presiones, advirtiendo sobre la necesidad de financiar cualquier aumento en los subsidios sin comprometer más recursos.

La decisión temprana de Hacienda de descartar la exención de IVA, que habría tenido un alto costo para las finanzas públicas y sentado un precedente peligroso, es coherente con los principios de responsabilidad fiscal que se busca defender. Asimismo, es destacable que el ministro de Energía haya defendido la estabilización de las tarifas aprobada en el Congreso, a pesar de críticas injustas provenientes incluso desde su propio sector político.

Entre las propuestas para ampliar los subsidios, se ha mencionado la introducción de impuestos "verdes", como un gravamen al carbón, con el argumento de proteger el medio ambiente. Sorprendentemente, no se ha discutido la eliminación de las exenciones tributarias del diésel, a pesar de ser un combustible fósil cuyo subsidio fomenta el uso de vehículos más contaminantes y beneficia a sectores que no justifican esta franquicia generalizada.

Si se considerara algún impuesto correctivo y recaudatorio, el diésel debería ser una de las primeras opciones, aunque parece que nadie quiere asumir el costo político de proponerlo, optando por soluciones más fáciles.