EL SENADO RECIBE UN PROYECTO DE LA LEY QUE PROPONE LA CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS
Bastian Muñoz | marzo 27, 2024
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La propuesta, orientada a asegurar el acceso a la justicia para aquellos que carecen de los recursos para obtener la representación de un abogado, fue enviada a la Comisión de Constitución.
El proyecto que establece el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, incluido en la agenda de seguridad prioritaria, ha llegado al Senado para su segundo trámite constitucional. Las comisiones de Constitución y, en su caso, de Hacienda, serán las encargadas de analizar esta iniciativa.
El propósito principal es garantizar el acceso a la justicia para aquellos que carecen de recursos para obtener representación legal. Para ello, se propone una nueva estructura institucional y un sistema integral de protección a las víctimas, que incluye defensa, reparación, representación legal y asistencia psicológica, especialmente en casos penales.
En esencia, el proyecto busca proporcionar orientación legal, asesoría y representación jurídica a personas que no puedan procurarse por sí mismas estos servicios, así como a grupos con necesidades especiales de protección. También se enfoca en brindar apoyo psicológico y social cuando sea necesario.
PROYECTO DE LEY
La iniciativa consta de 49 artículos permanentes y 20 disposiciones transitorias, con el objetivo central de establecer un servicio de alcance nacional con desconcentración territorial.
En cuanto a la Defensoría de las Víctimas, esta no se limita a ser una línea de atención, sino que se establece como una subdirección específica. Se busca consolidar la gestión de dos programas públicos de atención a víctimas, uno dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial y otro de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Se incorporan también los sistemas de solución alternativa, particularmente la mediación familiar, actualmente bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia.
Este nuevo servicio público estará presente a nivel nacional, con una desconcentración territorial a través de direcciones regionales. Las principales áreas estructurales incluirán acciones y programas de defensoría de bienes, atención a víctimas y una subdirección de operaciones.
El objetivo del servicio será facilitar el acceso a la justicia mediante la provisión de orientación legal a todas las personas que lo requieran, así como ofrecer asesoría y representación jurídica a aquellos que no puedan obtenerla por sí mismos o que pertenezcan a grupos de especial protección.
Los criterios de focalización serán establecidos mediante un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con el Ministerio de Hacienda.
