CHILE: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEL CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS PARTICIPA EN ESTUDIO CIENTÍFICO QUE ES UTILIZADO COMO EVIDENCIA EN DEMANDA POR DAÑO AMBIENTAL

CHILE: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEL CONSEJO DE PUEBLOS ATACAMEÑOS PARTICIPA EN ESTUDIO CIENTÍFICO QUE ES UTILIZADO COMO EVIDENCIA EN DEMANDA POR DAÑO AMBIENTAL

El poblado de San Pedro de Atacama, ubicado en la región de Antofagasta en el norte de Chile, se encuentra rodeado de maravillas naturales como volcanes, lagunas de colores, géiseres, salares, dunas gigantescas y formaciones rocosas. Su calle principal, Caracoles, recibe la visita de turistas de todas partes del mundo que transitan a pie o en bicicleta, cubriendo sus rostros con pañuelos para protegerse del agitado viento altiplánico que sopla arrastrando arena.

A menos de 500 metros de ahí se encuentra, en una casona de adobe, la oficina del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), asociación indígena que representa a 18 comunidades del pueblo Lickanantay que en su lengua, el kunza, significa habitantes del territorio.

El CPA nació con el objetivo de preservar los territorios de las comunidades Atacameñas y asegurar el bienestar de las personas que habitan en ellas. Por lo mismo, se han visto en la necesidad de fiscalizar los impactos de la actividad minera que se desarrolla en este lugar, que es también el hogar de frágiles ecosistemas y especies amenazadas.

Para hacerlo debidamente, en 2017, el Consejo de Pueblo Atacameños creó la Unidad de Medio Ambiente del consejo (UMA-CPA), integrada por profesionales atacameños que pertenecen a las comunidades del territorio, como hidrogeólogos, ingenieros y monitores ambientales.

Se trata de un modelo único en América Latina que, según Francisco Mondaca, ingeniero ambiental y coordinador de la UMA, busca principalmente velar por la protección y monitoreo de los ecosistemas de las comunidades respetando la cultura de este pueblo indígena.

Debido al reconocido trabajo que la UMA-CPA viene realizando, ésta ha sido invitada a colaborar en investigaciones científicas con universidades nacionales e internacionales. Fue el caso del estudio liderado por la Universidad Católica del Norte (UCN) en 2022, que arrojó información inédita sobre dos lagunas altiplánicas, La Punta y La Brava. Los hallazgos de la investigación no solo contradicen lo dicho por la industria minera instalada en el salar de Atacama respecto del funcionamiento de estos ecosistemas, sino que podría ser clave en un proceso judicial iniciado tras una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de tres empresas mineras por daño irreparable del acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, vía principal de alimentación de esas lagunas.

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Las demandas del Consejo de Pueblos Atacameños

Cada una de las 18 comunidades representadas por el CPA ( Río Grande, Machuca, Catarpe, Quitor, San Pedro de Atacama, Solcor, Larache, Yaye, Séquitor, Cúcuter, Coyo, Toconao, Talabre, Camar, Socaire, Peine, Solor y Huatín) cuentan con personalidad jurídica y se agrupan en Ayllu, forma tradicional de comunidad social que reúne a un grupo de familias que se considera descendiente de un lejano antepasado común. En las afueras del pueblo de San Pedro de Atacama se pueden divisar varios Ayllu, rodeados de plantaciones de tomates, cebollas, zanahorias, entre otros vegetales.

Desde la creación del CPA, en 1994, el Consejo se comenzó a legitimar como representante de las comunidades atacameñas ante organismos públicos y privados ante demandas territoriales al Estado de Chile y denuncias por uso indiscriminado del recurso hídrico por parte de la minería que llegó a instalarse en esa zona.

Una de esas demandas territoriales la interpuso la comunidad de Peine. En concreto, sus habitantes reclaman como parte de su territorio Las Vegas de Tilopozo. Las vegas son humedales que se forman por afloramientos de agua subterránea y las de Tilopozo en particular se ubican en un sector al sur del Salar Atacama, que ha sido utilizado continuamente a lo largo de la historia por esa comunidad como zona de pastoreo, aguas para uso medicinal, leña, recolección de plantas medicinales y actualmente para actividades recreativas y de turismo.

Este lugar, sin embargo, ha sido afectado por la explotación de diferentes empresas mineras que extraen para sus procesos  las aguas subterráneas que recargan las vegas. Por lo mismo, la Comunidad Atacameña de Peine, con apoyo del CPA, demandó en 2022 a minera Escondida, una empresa dedicada a la extracción de cobre. Posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también demandó a Escondida y a otras dos empresas más, Albemarle dedicada a la producción de litio y la de cobre Zaldívar, por extraer de manera continua recursos hídricos desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo que es justamente el que recarga las Vegas de Tilopozo.

Según la demanda, la extracción “ha provocado una disminución mayor a la que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo”, y además el descenso del nivel de agua “provocó el deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, de las vegas, de la fauna, y de los sistemas de vida y costumbres de la Comunidad Indígena de Peine”.

Por todo eso, el estudio liderado por la UCN, y que contó con la colaboración del UMA-CPA, se sumó como evidencia utilizada por el CDE para la causa que aún se encuentra en tramitación en el Primer Tribunal Ambiental. Sergio Chamorro, abogado y asesor jurídico del CPA, resalta que el estudio “ha sido parte de los medios probatorios junto con otras investigaciones elaboradas por la unidad a través de las ciencias comunitarias”.

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2005