La Sala del Senado de Chile ha aprobado por unanimidad en gran parte y por mayoría en aspectos específicos un proyecto de nueva ley antiterrorista el 2 de mayo de 2024. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo modernizar la normativa en esta área para abordar los desafíos que han dificultado su aplicación eficaz en el tiempo reciente. El proyecto se centra en sancionar asociaciones terroristas, definir delitos específicos y establecer penas proporcionales.
Entre las disposiciones aprobadas se encuentran medidas como el delito terrorista individual conexo e inconexo, medidas especiales de investigación y cambio de jurisdicción en casos complejos. Sin embargo, aspectos como el cambio de jurisdicción y el delito terrorista individual inconexo generaron debates significativos y fueron votados por mayoría.
Una de las disposiciones permite al Ministerio Público solicitar a la Corte Suprema que los casos de alta complejidad sean competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Otra disposición sanciona el reclutamiento de menores para asociaciones terroristas. Además, se aprobó la norma que sanciona el delito terrorista individual inconexo, así como medidas especiales para la intervención de aparatos celulares y otros dispositivos.
Sin embargo, estas medidas adicionales de investigación suscitaron preocupaciones en cuanto a su posible infracción a los derechos fundamentales de personas no investigadas. Se enfatizó que se requerirá autorización judicial para su implementación y que estarán limitadas en el tiempo.
El debate en la Sala reflejó la necesidad de modernizar la normativa antiterrorista para anticiparse a los eventos y sancionar las asociaciones terroristas de manera efectiva. Los parlamentarios coincidieron en la importancia de contar con definiciones claras y objetivas para el uso eficiente de la legislación en este ámbito.
En resumen, el proyecto de ley antiterrorista, mayoritariamente respaldado, busca actualizar y fortalecer la legislación en esta área, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de la sociedad frente a amenazas terroristas.
