Ripamonti (RD) defiende firmemente el ‘Alto Santorini’: ‘Ni un edificio más’

La alcaldesa de Viña del Mar enfrenta un reclamo de ilegalidad heredado de la administración de Virginia Reginato, lo que la obliga a defender el permiso de construcción de la torre Alto Santorini. A pesar de esto, el juicio ha dejado en suspenso la edificación de dos torres de la Inmobiliaria Vimac.

Desde 2019, la Municipalidad de Viña del Mar ha estado envuelta en una causa legal en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, patrocinada por la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. Estas organizaciones buscan declarar ilegal el permiso de edificación otorgado a la Constructora e Inmobiliaria Vimac para el proyecto “Alto Santorini”, que ya tiene seis pisos construidos. Este proyecto se encuentra detrás de la torre Kandinsky, donde ocurrió un socavón en agosto de 2023.

La exalcaldesa Virginia Reginato defendió la legalidad del proyecto durante su administración, y la actual alcaldesa, Macarena Ripamonti (RD), ha mantenido la causa pendiente, enfrentando varias prórrogas. La crisis de los socavones en el Campo Dunar de Concón ha complicado la situación, obligando a la alcaldesa a defender el permiso de construcción ante la justicia, a pesar de sus declaraciones en contra de nuevas edificaciones en el área dunar. Los recientes informes han confirmado la inhabitabilidad del edificio Euromarina II debido al riesgo de colapso, añadiendo presión a la administración municipal en plena época electoral.

Además, la torre parcialmente construida de Vimac, ubicada cerca del Campo Dunar de Concón, ha sido objeto de un recurso legal desde 2019, aún sin resolución definitiva. La Municipalidad ha defendido en varias ocasiones la legalidad del permiso de edificación, afirmando que se otorgó conforme a la legislación vigente. Sin embargo, la alcaldesa Ripamonti ha enfrentado múltiples crisis de socavones y ha declarado que no se permitirán más construcciones en la zona. La situación sigue en suspenso mientras se espera una evaluación ambiental y se mantienen en cautela las declaraciones oficiales sobre el futuro del proceso judicial.