Preocupaciones Sobre El Futuro Financiamiento De La Educación Superior

Si el nuevo sistema de financiamiento que sucede al CAE prohíbe el cobro de un copago por encima del arancel regulado por el Estado, el problema de la fijación de aranceles se agravará aún más.

Hace unos días, este medio informó sobre la preocupación que han expresado varios rectores de universidades debido a los rumores sobre el nuevo sistema de financiamiento estudiantil que el gobierno está considerando para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Aunque el Presidente Gabriel Boric mencionó este tema en su cuenta pública, aún falta conocer los detalles sobre su diseño y hasta qué punto, como algunos han sugerido, podría llevar a una fijación de aranceles para las instituciones educativas.

La fijación de aranceles representa un desafío para el sistema de educación superior, ya que implica limitar y dejar al arbitrio del Estado la definición de los recursos disponibles para que las instituciones no solo cumplan con los requisitos de acreditación exigidos, sino también para que puedan expandirse y responder adecuadamente a las crecientes demandas de un entorno cada vez más competitivo. Esto es especialmente relevante para las universidades que participan en la política de gratuidad, ya que si bien les ha proporcionado acceso a recursos fiscales considerables que anteriormente debían obtener de sus estudiantes, también les ha impuesto la obligación de ajustarse a los aranceles regulados establecidos por el Ministerio de Educación, los cuales son inferiores al costo real de cada carrera.

A la fecha, la gratuidad en la educación superior está restringida a los estudiantes de los seis primeros deciles, lo que aún permite cierta libertad en la obtención de recursos por parte de las instituciones. Sin embargo, este margen se reduce en aquellas con un mayor número de beneficiarios en relación a su matrícula total. Si el nuevo sistema de financiamiento que reemplace al CAE introduce, como algunos han anticipado, la prohibición de cobrar un copago por encima del arancel regulado por el Estado, entonces el problema de la fijación de aranceles se agravará. Esto amenazaría la viabilidad financiera y la autonomía de gestión de las instituciones de educación superior que reciben estudiantes con ayuda fiscal. Además, se pondría en riesgo la calidad de los programas y el crecimiento necesario para mejorar el acceso a este nivel educativo, que es el propósito que, al menos en teoría, se encuentra detrás de esta iniciativa.

Esperamos que el gobierno analice cuidadosamente este tema y tome en cuenta las legítimas preocupaciones expresadas por rectores y diversos especialistas. Asimismo, es importante que los rectores que aún no hayan evaluado esta potencial amenaza adopten una perspectiva de largo plazo. Esto implica considerar no solo los recursos a corto plazo que un nuevo sistema de financiamiento puede implicar para sus instituciones, como sucedió con la gratuidad, sino también lo que el sistema requerirá para enfrentar los desafíos futuros.

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