El Desastre De Las 40 Horas

El análisis de la Fundación Sol sobre la implementación de la ley de las 40 horas laborales en Chile revela importantes fallas y abusos en su ejecución.

A pesar de que la ley busca reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas, las denuncias de sindicatos indican que algunas empresas están utilizando tácticas como la reducción diaria de 12 minutos de la jornada laboral o el aumento del tiempo de colación no remunerado para cumplir técnicamente con la ley sin realmente beneficiar a los trabajadores.

La ley establece que la reducción de la jornada debe hacerse de común acuerdo entre empleadores y trabajadores o a través de organizaciones sindicales. Sin embargo, la realidad del sindicalismo en Chile, donde solo el 19% de los trabajadores del sector privado está sindicalizado y muchos sindicatos son pequeños y débiles, pone en evidencia la falta de poder de negociación de los trabajadores frente a sus empleadores. Esta asimetría de poder lleva a que los “acuerdos” sean más bien imposiciones de los empleadores.

La Dirección del Trabajo ha emitido dictámenes para intentar impedir estas prácticas abusivas, pero estos dictámenes requieren fiscalización y pueden ser revertidos en tribunales, prolongando los procesos y desgastando a los trabajadores. Además, el “común acuerdo” entre las partes, tal como lo plantea la ley, ignora las diferencias de poder y perpetúa condiciones abusivas en las relaciones laborales.

La experiencia con la implementación de la ley de las 40 horas subraya la necesidad urgente de fortalecer los sindicatos y crear legislaciones que promuevan su poder. La lucha por mejores condiciones laborales no debe ser negociada a cambio de beneficios políticos temporales. En cambio, la clase trabajadora debe enfocarse en la construcción colectiva de su fuerza y en ejercer presión social para garantizar que sus derechos no sean compromisos de corto plazo en la agenda política del gobierno.

En resumen, la ley de las 40 horas ha mostrado ser insuficiente y susceptible a abusos por parte de los empleadores, destacando la importancia de un sindicalismo fuerte y activo y de una legislación que realmente proteja los derechos de los trabajadores.

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