Desalojos: El Último Gran Fracaso de la Política Habitacional

El subdirector social de TECHO-Chile advierte que los desalojos deben ser “una medida de último recurso” y que antes se debe trabajar en “protocolos bien definidos que pongan la dignidad humana en el centro”.

Durante los primeros días de junio, más de veinte familias serán desalojadas del campamento Mauricio Fredes, en la comuna de Quilicura, sin ofrecerles una solución alternativa. Este desalojo forma parte de una creciente ola de desalojos en todo Chile, que surge como respuesta al aumento de campamentos, pero sin abordar de manera efectiva el problema subyacente.

Los desalojos deben ser una medida de último recurso, cumpliendo con las garantías correspondientes antes, durante y después del proceso, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile. Algunas de estas garantías incluyen el aviso previo y oportuno a las personas que serán desalojadas, la provisión de asesoría legal y técnica adecuada, y la entrega de soluciones alternativas factibles a quienes se verán afectados. Además de velar por el resguardo de los derechos fundamentales de toda persona, estas medidas buscan evitar que las familias terminen en situación de calle u otras formas encubiertas de precariedad habitacional.

Vemos con preocupación que en casos como el del campamento Mauricio Fredes no se están respetando las garantías anteriormente señaladas. A semanas del desalojo, las familias afectadas aún no tienen una solución para su inminente privación habitacional, a pesar de haber intentado obtener ayuda por diversas vías para salir de su situación de emergencia. La respuesta del Serviu podría llegar recién en octubre, varios meses después del desalojo. La solución ofrecida por la municipalidad, que consiste en un subsidio de arriendo por tres meses, es de corta duración e inadecuada. De las 87 familias que vivían originalmente en el campamento, solo cinco han podido aplicar el subsidio y otras cinco están en evaluación. Si esta acción sigue su curso bajo las condiciones actuales, 35 niños y niñas se quedarán sin un techo en el otoño más frío de los últimos años.

Debemos asumir las responsabilidades colectivas que implican los desalojos, garantizando el orden público no solo con fuerza, sino con mecanismos que aseguren derechos fundamentales. Es crucial fiscalizar a los actores públicos involucrados y establecer un protocolo desde el Ministerio del Interior.

Con más de 113.000 familias viviendo en campamentos en Chile, enfrentando desalojos forzosos debido a su situación económica, es urgente que el Ejecutivo actúe para evitar que estos procesos perpetúen la vulnerabilidad. Necesitamos protocolos bien definidos que pongan la dignidad humana en el centro. Limitar nuestra respuesta a medidas de fuerza fallará en resolver el problema y lo ocultará, impidiendo una solución efectiva.

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