El Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego (CNR) se inclinó por el modelo de financiamiento directo con recursos fiscales para concretar el embalse Zapallar, que se proyecta en el río Diguillín, en el límite de las comunas de Pinto y El Carmen.
En sesión del 30 de enero de 2023 y ratificado el 11 de marzo, resolvió: “El Consejo acuerda por unanimidad autorizar a la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas del MOP) para que impulse los proyectos de los embalses Zapallar de la Región de Ñuble y Bollenar en la Región de O’Higgins, bajo el amparo del DFL 1.123/81. Asimismo, se solicita que se incorpore a los proyectos análisis de impacto del cambio climático”.
La decisión, además de constituir un espaldarazo para el proyecto que parece no avanzar, también supone un cambio drástico respecto de la postura de la administración Piñera, en la que se planteó financiar el proyecto, que considera una inversión de US$349 millones (incluyendo la red de canales), a través del sistema de concesiones.
El Zapallar es un viejo anhelo de los agricultores del Diguillín, pues constituye una obra pendiente del Canal Laja-Diguillín, cuya construcción concluyó en 2008. Se estima que su capacidad de almacenamiento será de 80 millones de metros cúbicos (cuatro veces el tranque Coihueco).
Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, destacó que “es una gran noticia para la región de Ñuble que el Estado, amparado en el DFL 1.123, retome el embalse Zapallar como obra de riego hasta su construcción. Sin lugar a dudas el fundamento de esta decisión es por su alta rentabilidad social”.
El dirigente aseveró que según recientes estudios oficiales del MOP, en la parte alta de las comunas de San Ignacio y El Carmen, las aguas del embalse permitirán incorporar unas 7.000 hectáreas de pequeños y medianos agricultores que transformarán sus tierras de secano a nuevo riego. Se trata de unas 950 propiedades de las que más del 85% tienen una superficie inferior a 25 hectáreas. Además, permitirá regar otras 3.000 hectáreas que completarán las superficies faltantes del sistema Laja-Diguillín de otros 1.823 agricultores denominados “Blancos” y de 488 “adicionales”.
El directivo se puso a disposición “para apoyar y respaldar a la DOH y a todas las autoridades, para facilitar desde el territorio los estudios y avances hasta la construcción de este importante embalse, que asegurará el recurso hídrico para diferentes usos, considerando los futuros escenarios que plantea el severo cambio climático a mediano plazo”.
Evaluación ambiental
Uno de los aspectos más complejos del proyecto ha sido su tramitación ambiental en el SEA.
El primer estudio de impacto ambiental (EIA) fue ingresado por la DOH en septiembre de 2019, sin embargo, dos meses después fue retirado por el titular para resolver las numerosas observaciones presentadas por parte de servicios públicos consultados, así como de la comunidad.
Luego, en septiembre de 2020 se ingresó un segundo estudio, desarrollado por la empresa Gestión Ambiental Estratégica Consultores, pero esta vez ha enfrentado más cuestionamientos y observaciones. Esto ha obligado a la DOH a presentar dos adendas y solicitar suspensiones, de hecho, actualmente está vigente la extensión de la suspensión del plazo hasta el 19 de octubre de 2023, para responder adecuada y satisfactoriamente las observaciones.
