La nueva Ley de Delitos Económicos y su impacto en el gobierno corporativo de las empresas en Chile

418 Visitas | octubre 20, 2023


Un cambio de paradigma legal y empresarial que redefine el juego legislativo. Así ha sido calificada la implementación de la nueva Ley de Delitos Económicos que entró en vigencia el 17 de agosto de este año. “La ley nos pone al día con la legislación internacional y nos brinda una oportunidad de actualizarnos”, afirmó el senador Matías Walker, quien fue parte de un seminario organizado por el Centro de Gobierno Corporativo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Como un necesario paso para modernizar el código penal y equiparar a Chile con las regulaciones internacionales vigentes en los Estados Unidos y Europa. Así describe el senador Matías Walker a la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile, la cual –destaca él como uno de sus impulsores- no se traduce en un aumento de penas, sino en una modulación de la gravedad de los delitos económicos, considerando las circunstancias específicas.

Las repercusiones de esta nueva normativa fueron minuciosamente exploradas durante el seminario “Impacto de la Nueva Ley de Delitos Económicos en el Gobierno Corporativo de las Empresas en Chile”. El evento, organizado por el Centro de Gobierno Corporativo de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, reunió a destacadas figuras del ámbito académico, político y empresarial para abordar los desafíos y las oportunidades que plantea la Ley N°21.595.

El encuentro fue moderado por Dieter Linneberg, miembro del equipo ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Chile, director de empresas y economista. Además, fue presentado por José Olivares, director académico de esta misma unidad, convirtiéndose en una instancia crucial para discutir y comprender a fondo las implicancias de esta nueva normativa.

Responsabilidad legal de directores y gerentes

Esta ley sistematiza los delitos económicos y los atentados contra el medioambiente, y -entre otras disposiciones- amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, poniendo el foco en sus líderes. En este sentido, una de las cuestiones más debatidas en el seminario fue la responsabilidad legal de los directores y gerentes de empresas. Jorge Boldt, socio del estudio de Abogados Cariola Díez Pérez-Cotapos, enfatizó que, “en términos generales, la persona que comete un delito es quien enfrenta la responsabilidad legal”.

La normativa, vigente desde el 17 de agosto de este año, introduce también agravantes cuando los ejecutivos participan activamente en un delito, lo que incrementa el riesgo de condena para ellos. Esta perspectiva representa un cambio sustancial en la forma como se abordan los delitos económicos en el país. “Aunque no supone un cambio en el sentido jurídico de la persecución, en la práctica implica una mayor vigilancia y sanciones más rigurosas dirigidas hacia los ejecutivos“, agregó el abogado.

Siguiendo esta misma línea, y apelando a la colaboración del empresariado, el senador Matías Walker enfatizó que “no hay razón para temerla. Más bien, debemos prepararnos. Era imperativo modernizar nuestro código penal“.

Por otra parte, desde su perspectiva como jurista internacional, Verónica Benedetti, Socia de Deloitte Forensic y Magíster en Leyes de la Universidad de Chicago, subrayó que “esta ley representa un salto cuántico, ya que alinea a Chile con los estándares internacionales en la prevención de delitos económicos“.

No obstante, subrayó la necesidad de asignar recursos adecuados al cumplimiento normativo, especialmente en comparación con otros departamentos de las empresas. Dado que Chile se encuentra en las primeras etapas de este proceso, comprender la necesidad de recursos para la función de cumplimiento normativo, y así detectar riesgos de incumplimiento o inobservancia de normativas, es crucial.

Desde una óptica centrada en la cultura corporativa, Álvaro Clarke, presidente de ICR Chile y miembro del equipo ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Chile, afirmó que esta ley proporciona una “oportunidad para que las empresas contribuyan a la construcción social del país“. Agregó, en esta línea, que se requerirá un esfuerzo conjunto para identificar y gestionar los riesgos de manera efectiva y contribuir al desarrollo sostenible del país.

En consecuencia, y en palabras del abogado Jorge Boldt, “el riesgo a enfrentar acciones legales es significativamente más alto para los directivos y gerentes”. De esta forma, la clave es la preparación para el cumplimiento normativo. Sin duda, un hito en la historia del país que redefine las reglas del juego en el mundo empresarial.

Fuente: uchile


Autor: Yasmin Delgado



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