REFORMAR EL CAE EN LUGAR DE CONDONARLO

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Los créditos con participación del Estado para financiar la educación superior existen en más de 70 países y buscan superar las barreras financieras de acceso a la inversión en capital humano.

Estos esquemas difieren los costos a un futuro con mayores ingresos esperados, considerando la alta rentabilidad de la educación universitaria. En Chile, el CAE complementa la gratuidad y actualmente ofrece condiciones muy superiores a las originales: una tasa de interés de UF+2% (fija y subsidiada por el Estado); un periodo de gracia de 18 meses después del egreso o tras 2 años consecutivos sin matrícula; una cuota que no supera el 10% del sueldo (subsidiada por el Estado); la opción de pago anticipado; suspensión en caso de desempleo o estudios; y un plazo de pago variable según la duración de la carrera, nivel de estudios y monto del crédito, siendo de 10-20 años para egresados y 5-10 años para desertores, después de lo cual la deuda se extingue.

A pesar de su éxito en facilitar el acceso a la educación superior a más de 1,2 millones de estudiantes desde su creación en 2006, y de contar con condiciones más favorables que cualquier otro crédito en Chile, el CAE carece de legitimidad social debido a su naturaleza subsidiaria y a que representa, para algunos, la mercantilización de la educación. Esta falta de legitimidad y su uso como herramienta política han incrementado significativamente la morosidad. Actualmente, hay 540 mil estudiantes en mora, con 3 o más cuotas impagas, lo que corresponde al 60% de aquellos en etapa de pago, mostrando un aumento significativo desde el 2019, cuando era del 42,7%. La cantidad de garantías estatales ejecutadas también ha aumentado considerablemente, alcanzando el 75,9% de aquellos que están en mora y representando el 36% de la cartera total del CAE, equivalente a más de 100 millones de UF, lo que lo hace financieramente insostenible para el fisco.

La condonación del CAE es inviable. Es financieramente inviable dado su costo de 12 mil millones de dólares (4% del PIB), 1,5 veces la recaudación esperada del Pacto Fiscal propuesto por el gobierno de Boric. Es políticamente inviable debido a su regresividad y al alto costo de oportunidad de usar esos recursos en urgencias sociales más apremiantes. Por lo tanto, la reforma al CAE debe ser una reorganización del sistema e incorporación de ciertos beneficios limitados a grupos desventajados, más que un “perdonazo” parcial o total de la deuda.

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Javier Miranda

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