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Crece la presión sobre Monsalve por seguridad: Municipios evalúan sumarse a Carter y Palacios y decretar emergencia comunal

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Crece la presión sobre Monsalve por seguridad: Municipios evalúan sumarse a Carter y Palacios y decretar emergencia comunal

El aumento de los delitos de alta connotación en la Región Metropolitana han provocado una disputa entre los ediles y el Ejecutivo, personificado en el subsecretario del Interior. Desde la Amuch, por ejemplo, no descartan imitar a La Reina y La Florida, aunque las voces de descontento provienen incluso desde el oficialismo.

Si la semana pasada fue José Manuel Palacios (UDI), alcalde de La Reina, quien decretó un estado de emergencia comunal para combatir la delincuencia, este lunes se sumó Rodolfo Carter (ex UDI), la máxima autoridad de La Florida. Y podrían no ser los únicos ni los últimos.

Los actos de alta connotación delictual han marcado diferencias entre algunos de los ediles del país y el Ejecutivo, personificado en el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Por un lado se acusa inacción y por el otro se advierten medidas riesgosas para la ciudadanía, lo que ha significado mayor presión de las máximas autoridades por los recientes decretos que le dan más recursos a los municipios para tomar medidas, en principio, preventivas.

Y así, cada vez aumentan más las tensiones entre las autoridades comunales de la Región Metropolitana y el gobierno por la crisis de seguridad y la, dicen los primeros, escasez de atribuciones que tienen para afrontar los hechos delictivos. Respuesta que, según los ediles, “debería ser inmediata” de parte del gobierno, lo que ha servido como justificación para tomar medidas drásticas.

 

El primer anuncio vino desde La Reina la semana pasada, donde la iniciativa -que ya fue aplicada durante la pandemia- significaría la liberación de recursos para seguridad, pero junto a esto venía aparejado a su anuncio que la comuna lanzaría el Programa Vigilantes Civiles Municipales, un plan en el que el municipio contratará a vecinos para el resguardo de las calles. Menos de cinco días después siguió el anuncio de Carter, quien durante la mañana de este lunes también decidió decretar el estado de emergencia comunal para combatir la delincuencia, anunciando un paquete de 10 medidas, entre las que se encuentran la reasignación de presupuesto y, lo más polémico, la contratación de más de 100 exuniformados de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Y es que la preocupación del subsecretario Monsalve no apunta al decreto, sino a que no se sobrepasen las labores preventivas que deben sostener los municipios. “Las labores de seguridad las tienen que hacer personas que están preparadas para las labores de seguridad (…) creo que no es pertinente entregar labores de seguridad a personas que no están formadas para aquello y menos a ciudadanos. Para eso se están fortaleciendo las instituciones como Carabineros y la Policía de Investigaciones”, dijo el subsecretario del Interior la semana pasada.

Pero también hay preocupaciones que no han sido externalizadas. La disputa que afronta Monsalve en La Moneda se teme se vaya complejizando, tomándose la agenda y que esto se transforme en una suerte de olla a presión de las máximas autoridades comunales. Por ejemplo, en San Ramón, donde ejerce como alcalde el DC Gustavo Toro, se analiza la idea de sumarse a este estado de emergencia comunal, aunque descartan de plano recurrir a vecinos para alguna actividad relacionada con la seguridad. “Cuando los alcaldes clamemos ayuda, la autoridad debería salir inmediatamente en auxilio”, señalaba hace unos días dicho edil. Por lo bajo, en el Ejecutivo se reconoce puertas adentro que los anuncios de Carter y Palacios, quien ayer llegó hasta La Moneda a pedir el estado de excepción, fueron sorpresivos.

Otro reconocimiento es el que también hacen en el entorno de los municipios -sobre todo de oposición-, donde insisten en que estos decretos están enfocados en presionar al Ejecutivo, apuntando a que no tienen las atribuciones necesarias y que el erario municipal no da abasto en algunos territorios.

Desde la Asociación de Municipalidades (ACHM) su presidente (S), Henry Campos (UDI), señala que estas acciones se dan porque “está fallando la acción gubernamental para combatir el delito. Antes de empezar a criticar a los municipios, invito al Ministerio del Interior a hacer la pega”.

Asimismo, desde la otra organización comunal, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI), asevera que la emergencia comunal podría no sólo verse en La Reina y La Florida. “Es algo que se está conversando en la Amuch como una opción de combatir la delincuencia en nuestras comunas”, reconoce tajante.

Pero no es sólo la oposición la que alza la voz. En el mundo municipal oficialista también hay ejemplos, aunque sin medidas extremas. Todavía. Como en Ñuñoa, donde la alcaldesa Emilia Ríos (RD) -el mismo día en que Palacios confirmaba sus medidas- exponía su preocupación por los vecinos de su comuna y se sumaba al llamado de atención. “Nuestros vecinos están, con mucha razón, muy asustados, muy complicados. Hemos hecho llegar a las distintas autoridades la situación de la comuna y la respuesta no ha sido la que hemos esperado”, decía mientras confirmaba que “con los recursos que cuenta el municipio no da abasto”.

Hasta el cierre de esta nota, Monsalve no se había contactado con los alcaldes, señalan en el entorno de estos últimos, para realizar un control de daños sobre las medidas anunciadas.

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Felipe G.

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