En el debate, los parlamentarios hicieron ver la gran cantidad de comités y cooperativas que expresaron el alto impacto económico que significa pagar este impuesto y que afecta a unas 3 millones de personas.
Recogiendo la preocupación de miles de las asociaciones de Agua Potable Rural (APR), la Sala aprobó –por unanimidad- la norma que exime del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios sanitarios rurales. Con este resultado, la propuesta queda en condiciones de ser promulgada como ley.
La propuesta iniciada en mensaje fue analizada por la Comisión de Hacienda del Senado en su segundo trámite. El presidente de esta instancia, el senador Ricardo Lagos explicó que “el objetivo es aclarar el tratamiento tributario de los APR. Se exime a estos operadores del pago del IVA con la condición que estén inscritos en el registro respectivo”.
La norma establece que los operadores de los servicios sanitarios rurales que presten servicios a sus asociados, cooperados o socios, no se encontrarán gravados con Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para estos efectos, los nuevos operadores deberán encontrarse inscritos o incorporados en el Registro de operadores de servicios sanitarios rurales al último día del mes anterior en que comience a prestar los servicios señalados.
A aquellos operadores que ya se encuentren prestando dichos servicios se les aplicará este tratamiento tributario desde el mes siguiente a aquél en que se incorporen al Registro.
Tampoco se encontrarán gravados con IVA los servicios sanitarios rurales prestados entre operadores o asociaciones de operadores, siempre que estos respondan exclusivamente a garantizar la continuidad del servicio.
