- El documento cuenta con los testimonios de las defensoras ambientales Leticia Caro Kogler y Gabriela Simonetti Grez, además de la mirada institucional y los resultados de una encuesta ciudadana realizada a fines del año 2022.
En la Sala de Conferencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (Umag) se congregaron autoridades, académicos, estudiantes y defensoras y defensores ambientales para realizar el lanzamiento de la memoria “La naturaleza magallánica tiene voz. Escazú en acción es protección”. El documento fue realizado a través de un trabajo colaborativo entre la Secretaría del Medio Ambiente, la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Magallanes a través de la Unidad de Sustentabilidad Ambiental y el Centro de Estudios Regionales de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.
La Seremi del Medio Ambiente, Daniela Droguett Caro, destacó el trabajo realizado por las y los funcionarios de cada institución por ser pioneros en la difusión del Acuerdo a nivel nacional. “Estamos muy contentas con este hito que tiene por objetivo levantar una mirada desde la región de Magallanes y de la Antártica Chilena acerca de consideraciones mínimas que el Estado de Chile debe tener a la hora de efectuar una óptima implementación del Acuerdo de Escazú. Estamos hablando de garantizar derechos de acceso y participación ciudadana en materia ambiental. También se destaca el rol que han desarrollado las defensoras ambientales, quienes son las encargadas de cuidar nuestro territorio”, indicó.
Por su parte, Cristian Figueroa Fuentealba, jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, explicó que “el trabajo que hoy día culmina, da cuenta de cómo Magallanes se ha tomado lo que significa el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que tiene una trascendencia fundamental, no solamente por el acceso a la justicia, a la información, sino que también en participación. Establecimos un modelo de trabajo entre varias instituciones que nos permitió levantar estas memorias y esperamos que este trabajo perdure con la participación de estudiantes, comunidades, organizaciones de base, porque Escazú es participación”.
Felipe Lagos Rojas, director del Centro de Estudios Regionales de la Umag, destacó la importancia de comenzar a contar con datos que provean de información acerca de los principales desafíos en torno a la implementación del Acuerdo en la región, destacando la distancia y desinformación que existe en este momento en la ciudadanía, algo clave si se trata del desarrollo de una institucionalidad integral y pertinente.
Una de las participantes más jóvenes del evento fue la estudiante del Colegio Alemán, Victoria Maureira de 14 años. “Al Consejo Estudiantil le llegó la invitación y decidimos participar porque como equipo estamos muy interesados en la protección del Medio Ambiente y poder replicar este mensaje entre nuestros compañeros. Sabemos la importancia que tiene para nuestra vida y para la comunidad y por eso quisimos participar en este lanzamiento. Nosotros somos la generación que viene”, señaló.
En el evento, se premió a Gladys Ruiz Paredes de Puerto Natales, ganadora de la frase del Concurso “Acércate a Escazú y frasea por el Medio Ambiente” y autora del nombre que lleva la memoria. Además, se entregaron menciones honrosas a Valentina Cárdenas Cárcamo, Nicolás Raggi Ramírez y Carlos Naguelquín León, quienes recibieron un reconocimiento elaborado por los internos del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales (CDP), aporte gestionado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Se trata, por tanto, de un acuerdo sobre medio ambiente y derechos humanos, específicamente sobre los denominados “derechos de acceso” que configuran el centro de la democracia ambiental. Su naturaleza es de un instrumento jurídicamente vinculante (el único de la región) y cuenta con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como secretaría.
