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La medida incorpora argumentos basados en el Acuerdo de Escazú y 17 medidas para los ministerios, Codelco y Onemi para evitar nuevos episodios de contaminación.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitaron recientemente a la Corte Suprema que sea dicho tribunal el que analice los casos de intoxicación y contaminación reportados en Quintero y Puchuncaví ocurridos a mitad de este año. Esto porque anteriormente la Corte de Apelaciones denegó el acceso al informe.
Por lo que a través del mismo tribunal se ingresó la solicitud para la Corte Suprema, que ahora incorpora argumentos basados en el ratificado Acuerdo de Escazú. Al respecto, el instituto sostiene que “se infringe el artículo 6 del Acuerdo de Escazú, que establece la obligación de generar y divulgar información ambiental”.
En el nuevo recurso se solicita se instruya la aplicación de 17 medidas que buscan evitar nuevos episodios de contaminación, como el que llevó a más de 300 personas al hospital por síntomas de intoxicación. Las acciones deberán ser tomadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Onemi y Codelco.
