El proyecto de ley del gobierno plantea una separación de la industria que divide, por una parte, las funciones de inversión de los ahorros, y por otra, todas las tareas de administración y soporte; centralizando estas últimas en manos de un único ente público autónomo, es decir, un monopolio estatal.
La justificación para esta reorganización industrial, es que generaría reducciones de costos que podrían aumentar las pensiones. El gobierno le ha puesto un número al ahorro en costos, a partir del compromiso de cobrar una comisión de 0,11% sobre los activos administrados, lo cual mantiene un saldo más alto de fondos administrados, y por tanto una pensión mayor.

 

Además, propone que se debe “mejorar la eficiencia del sistema”, especialmente de la capitalización, para lo cual se considera necesario transitar hacia un cobro de comisiones comparable, centralizando laa actividades de soporte en un Administrador Previsional Autónomo (APA) y separando claramente las funciones de soporte de las de inversión en el sistema. El nuevo sistema propone reemplazar el sistema de multifondos por Fondos Generacionales, perfeccionar las modalidades de pensión, eliminando el retiro programado y la renta temporal, y establecer una modalidad de licitación de las rentas vitalicias, eliminando las operaciones de venta de estas.

 

El proyecto de ley también plantea que el costo de la administración que realiza el APA sea de cargo fiscal y se cambia la actual metodología de comisión calculada sobre la remuneración o renta imponible, por una comisión determinada sobre el saldo ahorrado, destinada exclusivamente al pago por la gestión de inversiones. Se propone que ellas las comisiones sean de cargo de los Inversores de Pensiones Privados y Público, con excepción de un límite especial exclusivamente destinado a las inversiones en activos alternativos, al ser estos activos de mayor complejidad en la inversión y ser apropiados para la inversión de los fondos previsionales (por ejemplo, inversión en infraestructura, inmobiliarios y otros).

 

 

I. REDUCCIÓN DE COSTOS POR ECONOMÍAS DE ESCALA

No existe evidencia que, para el número de afiliados de las AFP existentes (11,5 millones), se puedan
obtener ganancias de eficiencia importantes centralizando las tareas administrativas. Las mayores economías que proporciona la atención masiva de clientes se logra con una escala de 100.000 afiliados según un estudio académico Por otro lado, los estudios sobre economías de escala en los Fondos de Pensiones no muestran evidencia que al administrar 11,5 millones de clientes no existan deseconomías de escala (aumentos de costos) que ha identificado la literatura para las grandes entidades gestoras de clientes.

 

 

El nuevo ente estatal, por muy buena gobernanza que tenga, tendrá estos mismos problemas de gestionar escalas de participantes tan significativas. Además de la inexistencia de competencia, como con las AFP, que incentive la innovación y mejora constante en los servicios y procesos. Las AFP han efectuado importantes inversiones, al alero de la regulación, subcontratando funciones centralizadas (Ej. Recaudación con Previred) y las que aún no se han efectuado se explica por falta de autorización legal (Ej. Cobranza judicial) o porque las eficiencias que se obtendrían son marginales.

 

 

II. COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE GESTORES ESPECIALIZADOS

Además, se argumenta que el término de las comisiones de administración de gestores de fondos especializados podría aumentar las pensiones en 2,4% en la medida que estas comisiones indirectas representan 12 puntos base de aumento en el fondo acumulado y que 100 puntos base mejora las pensiones en 20 por ciento.

 

 

El argumento es parcial, ya que ignora el efecto que un cambio en esta normativa tendría sobre la
composición de activos en los fondos de pensiones y por ende en la rentabilidad de estos por este
concepto.

 

En la práctica, suma el menor costo, pero no calcula la menor rentabilidad que provocará este
cambio.

 

Revisando la composición de activos en el pasado, se puede decir que, si las AFP no hubiesen
invertido en mercados emergentes en el período de los Multifondos, los afiliados hubiesen perdido
en torno a 300 puntos base de retorno anual en la inversión en renta variable extranjera, provocando
jubilaciones menores.

 

Más aún, al comparar la diferencia de rentabilidad entre el “asset allocation” actual y el mismo, pero
con vehículo de menor costo para cada región-país, se obtienen menores retornos, lo cual genera
menores retornos y pensiones.

 

III. MEJORAS QUE NO OBLIGAN ELIMINAR AFP

Por último, el gobierno agrega una serie de mecanismos regulatorios que podrían impactar positivamente en el monto de las pensiones. Todos estos cambios, podrían implementarse bajo la estructura industrial existente.

 

a) Cambio de modalidad de cobro de comisiones: El proyecto propone cambiar la modalidad de cobro actual sobre la renta imponible a una comisión sobre el saldo ahorrado, lo que permite una mejor alineación entre el gestor de inversiones y los afiliados, modalidad más utilizada internacionalmente por administradores de fondos de terceros. Este cambio puede ser aplicado sin problema con las AFP, tal cual ha ocurrido en México y Perú.

 

b) Reemplazo de multifondos por Fondos Generacionales: Tanto los Multifondos como los Fondos Generacionales son fondos del tipo Ciclo de Vida, los que permiten ir disminuyendo la relación riesgo/retorno al aproximarse a la edad de pensión. Ambos esquemas tienen ventajas y desventajas, pero los Fondos Generacionales pueden ser complementarios a los multifondos o ser gestionados por las AFP, sin que sea necesaria su eliminación.

 

c) Eliminación del retiro programado (RP): No es positivo restringir las opciones para los afiliados próximos a pensionarse. La renta vitalicia (RV) y el RP son modalidades de pago de pensiones complementarias. La eliminación del RP puede ser perjudicial para aquellos afiliados con bajas expectativas de vida o con ingresos complementarios y patrimonio. Además, el RP compite con la RV que ofrecen las compañías de seguro, rivalidad que mejora las ofertas de pensión de RV para los afiliados. A pesar de lo negativo que puede ser la eliminación del RP, las AFP pueden seguir existiendo para la fase de acumulación del ahorro.

 

d) Licitación de rentas vitalicias: La mejora consiste en eliminar la oferta externa con agentes
comerciales de las compañías de seguros y donde el afiliado deberá seleccionar entre las 3 mayores
ofertas, aumentando la competitividad. En el sistema SCOMP esto se puede realizar sin problema,
tal cual fue la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica en un informe pasado.

 

ROBERTO FUENTES, GERENTE DE ESTUDIOS DE LA ASOCIACIÓN DE AFP:

“No es necesario terminar con las AFP para aplicar la mayoría de los cambios propuestos. Se pueden hacer hoy sin estatizar el ahorro previsional. Para justificar la creación de un monopolio de las actividades de apoyo, el gobierno confía en que la concentración de las funciones de soporte generará reducciones de costos significativas por economías de escala. El nuevo ente estatal, por muy buena gobernanza que tenga, tendrá estos mismos problemas de gestionar escalas de participantes tan significativas. Además de la inexistencia de competencia, como con las AFP, que incentive la innovación y mejora constante en los servicios y procesos”.

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