El texto busca resolver el problema del actual déficit de financiamiento con el fin de asegurar el funcionamiento del Fondo de Apoyo Regional y las operaciones del sistema metropolitano.

 

Escuchar a representantes del mundo de los taxis coletivos y de los Gobiernos Regionales (GORES) antes de votar en general el proyecto que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, fue el acuerdo expresado por los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

 

La norma iniciada en mensaje y que cuenta con suma urgencia, fue presentada en la sesión del 5 de octubre por el ministro del ramo, Juan Carlos Muñoz, quien puso énfasis en la necesidad de tramitar con celeridad la llamada ley corta, considerando que “el 61% de los subsidios al transporte público caducan este año”.

 

La autoridad explicó que “se trata de una situación de emergencia. Se requieren fondos al menos, para los próximos dos años. Si no se tienen estos recursos, se impediría mantener el financiamiento a los GORES -a través del Fondo de Apoyo Regional (FAR)- que representa un 39% de la inversión regional; y la red Metropolitana debería ajustar sus precios luego del congelamiento de las tarifas, en 650 pesos”.

 

En concreto, el texto llegado al Senado desde la Cámara Baja plantea:

  • Incrementar el aporte del subsidio permanente por dos años. Luego el Ejecutivo presentaría una ley larga para diseñar un nuevo sistema de financiamiento del transporte público.
  • 2022: en lo que queda de este año, se incrementaría el subsidio permanente en 32 mil millones de pesos. 2023: se incrementaría en 186 mil millones de pesos. 2024: se incrementaría en 58 mil millones de pesos. Estos recursos se distribuirían de manera equivalente entre la red Santiago y el transporte de regiones.
  • Otros aspectos apuntan a mejorar el marco de financiamiento regional y a mejorar el impacto del subsidio en las remuneraciones de los conductores.
  • La propuesta habilitará a los GORE para utilizar los recursos que reciben desde el FAR, en subsidios operacionales, incluyendo transporte colectivo mayor y menor. Asimismo, establece que, al menos, el 20% de dichos recursos deba destinarse a proyectos de transporte público.
  • La iniciativa flexibilizará el uso de estos recursos asignados a la región Metropolitana.

 

De acuerdo al cronograma de la Comisión, en la siguiente sesión los parlamentarios deberían recibir a dirigentes de los taxistas independientes y de los GORE. Ya los legisladores tuvieron la oportunidad de conocer las impresiones del proyecto de representantes de la Asociación Gremial de Taxis de la región de Coquimbo, la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor, la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, y la Coordinadora de Conductores del Transporte Público.

 

Este sector ha hecho ver que necesitan que se explicite que “los colectivos, taxis básicos, ejecutivos y de turismo serán considerados transporte público menor remunerado de pasajeros”; y que los recursos del FAR lleguen a quienes corresponde incluyendo a los conductores.

 

Frente a lo anterior, la presidenta de la Comisión, la senadora Ximena Órdenes reconoció que “resulta un desafío abordar el financiamiento en el corto plazo siendo una materia tan profunda. Hoy estamos abocados a analizar cómo y en qué se usarán los recursos del FAR. Los taxistas han expresado lo que les ha significado estar marginados de estos beneficios. Queremos que los fondos sean usados de manera equitativa y de verdad las regiones se beneficien de ellos. Aplaudimos la idea del Ejecutivo que los GORE puedan subsidiar las operaciones del plan de transporte local”.

 

 

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