El proyecto de reforma tributaria que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso, denominado también como “pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social” plantea -de acuerdo a lo indicado en el mensaje presidencial- un beneficio de apoyo directo a la clase media.
De acuerdo con la propuesta, existirá un incentivo para que los arrendatarios declaren el pago del arriendo, lo que a su vez es un buen mecanismo para combatir la elusión y dejar al descubierto a aquellos arrendadores que no declaraban estas rentas.
Por otra parte, si lo que realmente se busca es favorecer a la clase media, no veo la explicación para eliminar el beneficio de las rentas de arrendamiento contemplado en el DFL2, a través del cual, una persona natural puede explotar hasta 2 viviendas, y las rentas generadas de ello, se consideran un ingreso no renta. Muchas personas de clase media, incluyendo jubilados, se acogen a este beneficio y ven en este tipo de ingresos su sustento para vivir. Por tanto, si consideramos que la eliminación de este beneficio generará nuevos ingresos para el Estado y lo complementamos con este mecanismo de autorregulación del gasto por arriendo, se da la “tormenta perfecta” para aumentar la recaudación de impuestos, nuevamente a costa de la clase media.
